Desde AUGC, vamos a pedir en el ámbito del Consejo de la Guardia Civil, se abra grupo de trabajo de estudio de las vicisitudes del conjunto de Unidades de Seguridad Ciudadana, incluyendo desde la USECIC más grande, hasta el Puesto de Seguridad Ciudadana más pequeño, ante la creciente sensación de abandono que transmiten los miles de guardias civiles destinados en seguridad ciudadana.

Nuestro objetivo principal: velar por los derechos de estos guardias civiles en materia retributiva, formativa y de salud laboral, con el firme propósito tanto de mejorar las condiciones laborales de dicho personal, como de dar respuesta a las necesidades de seguridad que la sociedad presenta actualmente.

En relación a las USECIC, abordaremos específicamente el alcance y desarrollo de la nueva catalogación como Unidades Singulares Operativas, y las consecuencias y problemas en cuanto al régimen específico de desarrollo del servicio.

Como cuestiones específicas de la especialidad de Tráfico, una de las propuestas en las que venimos trabajando es la utilización como formadores de seguridad vial a personal de Tráfico en reserva.

También pediremos rebajar la edad máxima de uso de las motocicletas de 56 años, proponiendo la edad de 51 años como máxima para su uso, siendo voluntario el mismo después de esta edad.

Por otro lado, al igual que venimos haciendo de manera general, seguiremos reclamando se descarte el nombramiento de servicios unipersonales de ningún tipo, o mixtos (atestados y motoristas), únicamente en actuaciones de menor entidad. De la misma manera, reclamaremos el aumento de los estándares de calidad del material para el servicio y la mejora en los tiempos para renovación del mismo. Especialmente en aquellas cuestiones que afecten directamente a la seguridad de los integrantes del Cuerpo, como el chaleco airbag para Motoristas, o la racionalización y material de trabajo en el uso de los Equipos de Atestados.

Abogamos por una mayor especialización de los equipos de atestados, dada la función de investigación de siniestros viales, y su actuación como Policía Judicial de Tráfico.

También destacar que continuaremos trabajando para que se materialice el aumento del complemento de productividad O3 que se percibe en la especialidad, vinculando la misma al puesto de trabajo.

Reivindicaremos una regulación normativa específica de los servicios y unidades de Protección y Seguridad, en lo referente a organización, estructura, funciones, procedimientos de actuación, personal, etc., al no haber sido incluida en la norma que regula las Especialidades, tal como reclamó AUGC reiteradamente. Igualmente, solicitaremos la elaboración de un Manual de Prevención de Riesgos Laborales específico para las funciones diferenciadas que desempeñan dichas unidades.

También demandaremos la actualización y modificación del Protocolo para la conducción y custodia de internos de centros penitenciarios, que ha quedado desfasado y establece una distribución de competencias contraria a la ley y perjudicial para la Guardia Civil respecto a Policía Nacional

Además de la importancia del proceso de reconocimiento de situaciones anteriores, sobre el que ya hemos reseñado estaremos muy vigilantes, reclamaremos se corrijan los errores producidos tras la aplicación del proceso de equiparación salarial en esta especialidad: el olvido de incluir a determinadas Unidades dentro de la especialidad, como las Compañías de Ceuta y Melilla que vigilan el perímetro fronterizo, así como los puestos de trabajo de jefes de PAFIF, perjudicados en relación a sus homólogos de seguridad ciudadana.

En relación al futuro curso para obtener la cualificación específica de la especialidad, seguiremos demandando información, y que se precise duración, contenido, etc.

Por otra parte, cuestión delicada son los equipos PEGASO. Estaremos pendientes del encaje final que tengan los mismos, si bien la previsión inicial era su encuadre en la estructura de la especialidad.

Esta es una de las especialidades (junto a seguridad ciudadana) en las que más se refleja la incidencia de la llamada “España vaciada”, como uno de los últimos reductos de presencia de la Guardia Civil en el ámbito más rural. La Estrategia de la UE para la recuperación de las zonas rurales, tiene como prioridad el rescate del ámbito rural, por lo que lucharemos para que parte de los fondos europeos que finalmente se destinen para implementar tecnología, desarrollo e igualdad en las comarcas rurales, se destinen entre otros objetivos a modernizar y mejorar las unidades de la especialidad.

Nos opondremos de frente ante los intentos de anular los derechos laborales de compañeras y compañeros de estas especialidades y Unidades, ante la mal entendida “doctrina” que algunos pretenden instaurar en dichas Unidades: el miedo a reclamar derechos laborales, especialmente los relacionados con la conciliación familiar y la prevención de riesgos laborales

Como venimos denunciando, los continuos fallos informáticos empeoran el servicio que se presta al ciudadano en una especialidad con un trato tan directo con el mismo ante los continuos trámites a realizar. Pondremos el foco en la necesidad de modernizar los sistemas informáticos, algo muy necesario en el conjunto del Cuerpo, pero que cobra especial importancia en las intervenciones de armas cara al público.

Reclamaremos a la Dirección General modificar la errática política de personal en esta especialidad: no es de recibo que únicamente se anuncien vacantes en Cataluña, mientras que continuamente son publicadas comisiones de servicio por toda la geografía española, lo que hace pensar en que se prefiere la asignación de puestos de trabajo “a dedo”, antes que por los méritos correspondientes.

Solicitaremos se considere a los suboficiales de las intervenciones de armas de Comandancia, como jefes de Unidad, tras el error cometido por la Dirección General en el proceso de equiparación.

Seguiremos apostando por la necesidad de la actualización de los procedimientos haciéndolos acordes a la normativa en materia de explosivos, especialmente en lo relacionado a los riesgos laborales, de vital importancia para estos especialistas.

Por otro lado, exigiremos se aclare la situación en que quedarán los componentes de los actuales TEBYL, personal que en su día incluso realizó cursos de especialización para realizar dicha función.

Igualmente, pediremos se precise y aclare el papel de las USECIC que la Dirección General quiere darles como unidades NRBQ y/o Equipos de Búsqueda y Localización de artefactos Explosivos NRBQ de Comandancia.

No dejaremos de luchar, para conseguir la vuelta al sistema de concurso de méritos, acabando con la “dedocracia” que supone el sistema de libre designación y logrando un sistema que recoja los principios de mérito, igualdad y capacidad a la hora de optar a las vacantes de estas especialidades.

Sabemos que la formación es esencial y que en los últimos tiempos no se han convocado cursos de formación y actualización de conocimientos dentro de ambas especialidades, algo esencial para estar al día en la lucha contra la delincuencia, por lo que demandaremos se retomen las acciones formativas, que hagan de nuevo ser las especialidades atractivas y punteras en investigación que siempre han sido.

Pelearemos para conseguir que se considere a los suboficiales de las secciones de investigación de las UOPJ, como jefes de Unidad, tras el error cometido por la Dirección General en el proceso de equiparación.

Los laboratorios de criminalística de comandancias y zonas se encuentran en la actualidad muy mermados de personal y con cargas de trabajo altísimas, no olvidemos, que de ellos depende en gran medida la resolución de muchos delitos, inclusive delitos graves, tales como homicidios, etc, por lo que demandaremos un incremento de plantillas acorde al volumen de trabajo que desarrollan.

Nos opondremos frontalmente a intentos de regulación con objetivo de recortes de derechos laborales en esta especialidad (ver punto más adelante relacionado con esta cuestión).

Reclamaremos la regulación de los manuales de la especialidad, se aborde con el máximo respeto a la normativa de salud laboral, así como a la normativa que regula el trabajo en el mar (especialmente en lo relativo a la tripulación mínima en las embarcaciones) de la cual, en ocasiones venimos observando que la Dirección General parece “olvidarse”.

Vamos a seguir insistiendo en el Consejo para que desde la Dirección General se aclare si existen planes de reorganización de Unidades del Servicio de Montaña, y en caso de haberlos, cuáles son los mismos, y qué plazos se manejan, ante la continua “rumorología” de los últimos tiempos, que no hace más que generar incertidumbre entre estos especialistas.

Y por supuesto, estaremos muy vigilantes para en todo caso, no permitir que dichos planes pudieran conllevar ningún tipo de pérdida de derechos laborales para los destinados en Unidades del Servicio de Montaña, y que el único objetivo sea conseguir mejorar la prestación del servicio que se da al ciudadano, así como una mejor conciliación profesional y familiar.

Dado su necesario grado de especialización, continuaremos reclamando su reconocimiento, de manera similar a lo que AUGC ya ha conseguido para las oficinas de prevención de riesgos laborales.